Archived: Resolución de la AMM en Apoyo del Dr. Serdar Küni

Adoptada en la 206ª Sesión del Consejo de la AMM, Livingstone, Zambia, abril 2017
y reafirmada como Resolución por la 71ª Asamblea General de la AMM (en línea), Córdoba, España, octubre 2020
y cancelada y archivada por la 75ª Asamblea General de la AMM, Helsinki, Finlandia, octubre 2024

La Asociación Médica Mundial toma nota con gran preocupación de que el Dr Serdar Küni  -Representante de la Human Rights Foundation de Turquía en Cizre y antiguo Presidente de la Cámara médica de Şırnak-  sigue aún encarcelado al cabo de seis meses de detención,  acusado de haber proporcionado cuidados médicos a supuestos miembros de grupos armados kurdos.

El caso del Dr. Küni constituye un ejemplo más entre muchos otros arrestos, detenciones y despidos de médicos y otros profesionales de la salud, que vienen ocurriendo en Turquía desde julio de 2015, cuando empezaron los disturbios en el sudeste del país.

La AMM condena tales prácticas, que no hacen sino amenazar gravemente la seguridad de los médicos y la prestación de servicios en materia de cuidados sanitarios. La protección de los profesionales de la salud es capital, pues solamente de esta manera pueden cumplir con sus deberes de proporcionar cuidados a todos aquellos que lo necesiten, independientemente de su identidad, afiliación u opinión política.

La AMM recuerda a este respecto las normas de las leyes internacionales sobre los derechos humanos  -especialmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)-  que han sido ratificados por Turquía. Este último Pacto, el de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Artículo 12, 1) garantiza «…el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.»  Esto da a entender lograr acceso a la más alta calidad de cuidados médicos, con el respaldo de un sistema sanitario que funcione y de unas condiciones seguras para los profesionales de la sanidad.

La AMM recuerda asimismo las normas del derecho humanitario internacional, como por ejemplo la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas S/RES/2286, sobre la Asistencia médica en conflictos armados, que insta a los Estados a que no condenen al personal sanitario por llevar a cabo unas actividades médicas compatibles con la ética médica, o a que no obliguen a dicho personal a tomar medidas que violen estas normas.

Además, la AMM reafirma los principios de la ética médica, incluyendo los Regulaciones de la AMM en tiempos de conflicto armado y otras situaciones de violencia, así como los Principios éticos de la asistencia de salud en tiempo de conflicto armado y otras situaciones de emergencia, aprobados por el CICR y organizaciones militares y civiles de servicios sanitarios.

La AMM considera que sancionar a un médico por proporcionar cuidados a un paciente constituye una violación flagrante tanto de las normas de los derechos humanitarios y humanos internacionales como de la ética médica. En última instancia infringe el principio de humanidad, consistente en preservar imperativamente la dignidad humana.

Habida cuenta de lo que antecede, y dado que la próxima audiencia del caso del Dr. Kuni tendrá lugar el próximo 24 de abril de 2017 ante la segunda cámara del Tribunal penal especial de Şırnak, la AMM insta a las asociaciones médicas nacionales y a la comunidad internacional de la salud a que se movilicen para conseguir la liberación inmediata del Dr Serdar Küni y el abandono inmediato e incondicional  de los cargos que pesan sobre él por el mero hecho de ejercer su profesión.

La AMM le pide asimismo a las asociaciones médicas nacionales y a la comunidad internacional de la salud a que aboguen por:

• El pleno respeto de las obligaciones que ha contraído Turquía en materia de derechos humanitarios y humanos, incluyendo el derecho a la salud, a la libertad de asociación y de expresión y al acceso a un juicio justo, y
• Que se establezca una disposición que remedie e indemnice eficazmente a las víctimas de arrestos y detenciones arbitrarias.