AMM insta al Gobierno australiano a reconsiderar sus intentos de silenciar a los médicos

La Asociación Médica Mundial ha pedido al Gobierno australiano que permita que los médicos se expresen sobre la salud de los solicitantes de asilo retenidos en los centros de detención de Australia.

En una carta enviada al Primer Ministro de Australia Tony Abbott, el Presidente de la AMM, Dr. Xavier Deau, y la Presidenta del Consejo, Dra. Ardis Hoven, expresan que la reciente ley Border Force silencia eficazmente a los médicos que abordan las condiciones de salud de las personas que solicitan asilo. Esta legislación impone una pena de cárcel de dos años a toda persona, médico u otro, que revele información obtenida por dicha persona que trabaje como empleado de un proveedor de servicios al Departamento de Gobierno pertinente, es decir, el Immigration and Border Protection.

En la carta los líderes de la AMM afirman: “Esto se debe suponer que se aplica a los médicos que trabajan en centros para refugiados que informan por sus observaciones realizadas en su trabajo”.

“Esto está en conflicto directo con los principios básicos de la ética médica. Los médicos deben hacer oír sus voces, si es necesario públicamente, cuando las condiciones de salud de sus pacientes, en libertad o detenidos, son inaceptables. Por informes recibidos, debemos suponer que este es el caso en los centros de detención bajo responsabilidad del Gobierno australiano. Aplaudimos y respaldamos a los colegas que defienden a sus pacientes y hablan públicamente”.

“Respaldamos la moción presentada por la Conferencia Nacional de la Asociación Médica de Australia que pide al Gobierno australiano enmendar la legislación para  introducir una excepción en informaciones de interés público. Nada sería menos apropiado en un Estado democrático”.

En referencia a la carta, el Dr. Deau expresó: “Esto es en realidad un intento del Gobierno australiano de amordazar a los médicos al hacer que su defensa de la atención médica de los solicitantes de asilo en los centros de detención australianos sea un delito penal. Este procedimiento es inaceptable”.